El instructor Ángel Hurtado reconoció que Pilar Sánchez Acera se limitó a mandar a Juan Lobato un documento que ya no era secreto porque se había filtrado el día anterior, que es precisamente el argumento con el que la defensa pide la absolución del fiscal general

La declaración de varios periodistas cuestiona que los correos de la pareja de Ayuso fueran secretos cuando llegaron al fiscal general

“El objeto del proceso es el que es, la Sala de Apelaciones ya retiró esa parte”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzga al fiscal general, ha dedicado la mayor parte de sus intervenciones durante la vista a pedir a abogados y testigos que no divaguen y se centren en el objeto del juicio. Pero en esa intervención concreta, el juez se refería a una porción ya cerrada del caso: cómo llegó la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a una asesora de la Moncloa y, de ahí, al entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

La revelación cayó como una bomba en Ferraz y como agua de mayo en las acusaciones del caso. Lobato, rival político directo de Ayuso en la Asamblea regional, había ido a un notario a consignar mensajes que abrían la puerta a que el juez Ángel Hurtado implicase a la Moncloa y a los socialistas en la filtración. En la mañana del 14 de marzo de 2024, la que entonces era una asesora de Presidencia y alto cargo del partido en la capital, Pilar Sánchez Acera, había mandado a Lobato el documento de la discordia. Lo había hecho después de que su contenido se hubiera filtrado a los medios, pero antes de que ningún periódico hubiera publicado íntegramente el correo.

Las testificales en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès no reflejan el terremoto que supuso hace un año el acta notarial que compulsó el entonces líder del PSOE madrileño para “cubrirse las espaldas”, en sus propias palabras, después de que el Supremo abriera una investigación. La aparición de mensajes internos del partido y el Gobierno en una de las mañanas más calientes de la política de 2024 instauró la duda de hasta dónde llegaría Hurtado después de mandar a la UCO al despacho del fiscal general.

La propia Sánchez Acera, entonces asesora en Presidencia del Gobierno con Óscar López y ahora a la mano derecha del ministro en el PSOE de Madrid, confirmó en su testifical lo que ya explicita el acta notarial: ella mandó a Lobato un documento con la confesión de la pareja de Ayuso a las 8.29 minutos de la mañana del 14 de marzo. Y a ella, a su vez, se lo envió un periodista cuya identidad no recuerda. “Pasaron ocho meses, me había olvidado bastante del tema”.

El paso sin pena ni gloria de estas testificales por el juicio tampoco refleja la intensidad política de ese momento. elDiario.es había revelado el caso de la pareja de Ayuso y ese día la presidenta madrileña comparecía por primera vez en la Asamblea de Madrid. Mientras, la realidad —que su pareja quería reconocer su fraude y pactar— chocaba con el discurso político —que era víctima de un complot— que ella, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y el PP difundían con y sin micrófonos.

Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, lo deslizó en el juicio, pero lo dijo de forma mucho más contundente en instrucción: “Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez, y esto es política, lo que pretendía es condicionar la sesión de control de Madrid del día siguiente”. Esto es, convertir, mediante bulos y manipulaciones, una confesión en una nueva persecución de Hacienda y la Fiscalía. Los mensajes de Lobato pusieron letra a la canción que, obviamente, cantaban en el PSOE y el Gobierno esos días: “En Moncloa y Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo”.

“No era novedoso”

El abogado de González Amador lo intentó durante la instrucción y lo ha vuelto a intentar durante el juicio: que los testigos vinculados con el PSOE y la Moncloa, ya que no explican de dónde salió el papel, digan al menos que el caso de la pareja de Ayuso era una prioridad comunicativa para el Gobierno. Pero el juez Hurtado cerró la vía penal en marzo y la Sala de Apelaciones retiró los dardos y especulaciones del magistrado sobre la Moncloa y la filtración.

Las acusaciones, con la pareja de Ayuso a la cabeza, solicitaron a Hurtado todo tipo de diligencias para investigar a fondo el teléfono de Sánchez Acera. La respuesta del juez llegó en marzo: no iba a imputar a la asesora ni iba a seguir indagando por esa vía. Porque para cuando ella rebota el documento a Lobato para su uso político la filtración que él atribuye a la Fiscalía se había consumado la noche anterior.

Lo que hizo la asesora fue “continuar poniendo en circulación una información que, de haber sido confidencial, ya había dejado de serlo al haber sido filtrada, aparentemente, por la Fiscalía. No era novedoso lo que transmitía, no está haciendo público secreto alguno”, dijo entonces Hurtado. Además, ella no era la funcionaria pública encargada de velar por esa confidencialidad.

Hurtado cortó el paso entonces a una investigación penal sobre el papel de la Moncloa y el PSOE en la filtración. Citó incluso la doctrina de sus compañeros de Sala por el caso de un guardia civil condenado por pasar información a un grupo de narcos gallegos: “La revelación consiste en hacer público lo que no deba serlo”. Una sentencia de 2020 firmada por tres de las magistradas que hoy juzgan al fiscal general y que Hurtado interpretó en un sentido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado usan para pedir la absolución de García Ortiz: si el correo ya se conocía —varios periodistas así lo han declarado— no había ningún secreto que revelar.

Las “indicaciones” de Moncloa

El juez instructor, en ese auto del pasado mes de marzo, cortó el paso a que la investigación avanzara por esa senda, algo que contrarió la pretensión de González Amador y las acusaciones de llevar el caso hasta la Moncloa. Pero Hurtado dejó un resquicio en la puerta que él mismo había cerrado: arrancó el auto de procesamiento, clave en el proceso, con una acusación inédita: la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa.

Aquella afirmación de Hurtado causó sorpresa en el Supremo y felicidad en la calle Génova, donde está situada la sede nacional del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo pidió que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para explicar esas “indicaciones” y el líder del partido pidió la dimisión del presidente del Gobierno: “Es el momento de que se vayan el fiscal general y quien le daba las indicaciones”.

Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. Y que fueron excluidas del caso, tal y como recordó el magistrado Martínez Arrieta, por la Sala de Apelaciones que matizó el auto de procesamiento de Hurtado. “Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces.

Las testificales de Lobato, Sánchez Acera y Vallès terminaron de sellar el final judicial de esta ramificación del caso que sirvió para incluir a La Moncloa en la causa y mostrar como sospechoso que en esos días de alto voltaje político en Madrid el caso de la pareja de Ayuso fuera un punto caliente informativo. Las intervenciones del abogado de González Amador, que llegó a preguntar si el secretario de Estado de Comunicación reportaba o no al presidente del Gobierno, muestran el interés por una vía muerta de investigación que permite a las acusaciones mantener vivo el fantasma de La Moncloa en el caso.