El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude , que depende de la Intervención General del Estado, ha remitido a la Fiscalía Europea una denuncia sobre posibles irregularidades en la obtención y gestión de 45 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados al sistema de seguimiento telemático de medidas cautelares, las conocidas pulseras antimaltratato que gestiona el Sistema Cometa . La denuncia trasladada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude conllevará la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Europea para dilucidar sobre varios presuntos delitos que se apuntan.

La comunicación, fechada este jueves, confirma que «este Servicio ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Europea la información y documentación a las que aluden los hechos denunciados». Lejos de archivar la denuncia ha decidido darle trámite y comunicar la situación al Ministerio Público comunitario.

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha detectado indicios de fraude tras recibir y analizar una extensa denuncia en septiembre, que señala posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones europeas y falsedad documental.

El núcleo de la acusación se centra en la memoria justificativa presentada por el Ministerio de Igualdad en julio de 2023 para solicitar los fondos europeos. Según la documentación aportada, el Ministerio afirmó textualmente que los dispositivos serían «fabricados ad hoc» porque «no son un bien corriente disponible en el mercado».

Sin embargo, la denuncia señala una «contradicción documental» flagrante: solo nueve días después, el 20 de julio de 2023, se publicaron los pliegos técnicos del concurso sin mencionar en ningún lugar la fabricación exclusiva ni requisitos especiales de producción específica.

La realidad material contradice rotundamente la justificación inicial. Los dispositivos finalmente adquiridos fueron pulseras estándar fabricadas en China , productos de bajo coste modificados levemente y disponibles en plataformas de comercio electrónico, de calidad muy inferior a los dispositivos anteriores del fabricante israelí Attenti.

Adjudicación cuestionable

El contrato se adjudicó en octubre de 2023 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 42,6 millones de euros. La puntuación técnica obtenida fue deficiente: 23,9 sobre 30 puntos en general y apenas 3,6 sobre 10 puntos en el plan de migración del sistema que posteriormente fallaría estrepitosamente.

La anterior adjudicataria durante los diez años previos con resultados satisfactorios no se presentó al concurso. Pese a la valoración negativa, se adjudicó el contrato al único licitador que se presentó.

Incumplimientos contractuales

El pliego de prescripciones técnicas establecía como requisitos obligatorios la « inviolabilidad » de los dispositivos, con mecanismos para «prevenir, detectar y transmitir cualquier intento de defraudar su funcionamiento», así como resistencia al agua con especificación IP67 (inmersión hasta un metro durante 30 minutos).

Los incumplimientos documentados entre julio de 2024 y marzo de 2025 resultan alarmantes. Durante al menos ocho meses, los agresores podían desconectar la pulsera en once segundos mediante cuatro clics en el teléfono móvil. Un video grabado por trabajadores de Cometa lo demuestra. Los agresores podían desvincular la pulsera del móvil sin que saltara ninguna alerta.

Los dispositivos también presentaban falta de resistencia al agua , con especificaciones reales de IP6 (0,5 metros) en lugar de IP67 según la documentación enviada a los juzgados. En una reunión de diciembre de 2024, un representante de la empresa reconoció: «Esto no cumple».

Otros fallos técnicos incluían el mismo pitido para «batería baja» y «agresor cercano» —una confusión crítica—, pérdida de señal en zonas rurales, fallos de geolocalización de kilómetros y pulseras que se quitaban con facilidad.

Pese a estos incumplimientos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no ha impuesto sanciones a las empresas ni ha rescindido el contrato.

Pérdida masiva de datos

Durante la migración del sistema entre 2023 y 2024, como desveló OKDIARIO en exclusiva , se produjo una pérdida masiva de información del registro histórico. El Centro Cometa ha declarado en múltiples procedimientos judiciales: «Debido a una migración de datos de una empresa a otra, no dispone del expediente».

La Memoria Fiscal de 2024 reconoce «gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios». Decenas de sentencias absolutorias en toda España, recogidas por este periódico, citan expresamente la «pérdida de información por migración» como causa de la absolución.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió en un caso de «hasta seis separaciones en un día» sin poder verificar si fueron técnicas o intencionales. La Audiencia de Granada absolvió porque Cometa «no pudo dar razón alguna respecto de las incidencias al haber perdido los datos tras la migración». La Fiscalía General del Estado llegó a admitir  la «potencial desprotección de las víctimas ».

Alertas ignoradas

La cronología de advertencias ignoradas resulta inquietante. Ya en 2018 había fallos que detectó el Defensor del Pueblo. Entre 2020 y 2023 continuaron las quejas durante los Gobiernos de Pedro Sánchez, con Carmen Calvo e Irene Montero como responsables de Igualdad. En enero y febrero de 2024, el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial envió dos oficios a la Delegación alertando de « incidencias ».

En febrero de 2024, la Guardia Civil denunció en Granada el mal funcionamiento y la fácil manipulación. Documentaban cómo agresores colocaban la pulsera a animales para burlar los sensores térmicos.  En julio de 2024, un acta de una reunión documentó quejas de jueces sobre un sistema «caótico» . En 2025 persisten los problemas.

Las víctimas documentadas que han sufrido consecuencias incluyen el caso de una mujer en Padul (Granada), cuyo agresor llegó a su domicilio sin que saltara alarma, captado por cámaras de tráfico, con cinco denuncias previas por quebrantamiento. Otra víctima, viendo la ineficacia, abandonó el dispositivo «con actitud violenta» en un juzgado de Almería. La Comunidad de Madrid detectó 40 casos de fallos , reconociendo que «pueden ser muchos más».

Víctimas han manifestado « gran ansiedad, dolores de cabeza e insomnio» por falsas alarmas constantes , según, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia de San Sebastián. Una víctima manifestó que la pulsera «beneficiaba a su agresor» porque datos erróneos tenían «presunción de veracidad» sobre su palabra.

La denuncia señala posibles responsabilidades durante el periodo de Irene Montero como ministra de Igualdad hasta noviembre de 2023, incluyendo la elaboración de la memoria justificativa en julio de 2023 y la adjudicación del contrato en octubre de ese año. También menciona a las entonces secretarias de Estado Noelia Vera y Ángela Rodríguez Pam .

Durante el periodo de Ana Redondo como Ministra de Igualdad desde noviembre de 2023, se señala la supervisión de la ejecución contractual, la omisión de penalizaciones pese a incumplimientos, el conocimiento de alertas sin adopción de medidas y declaraciones públicas minimizando los fallos.