La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía promoverá en la Fiscalía que ésta califique como atentado a la autoridad las "agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave" que se produzcan contra los profesores. Cuando los hechos "pudieran ser constitutivos de infracción penal , la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal". Ésta es una de las medidas por las que apuesta la Consejería de María del Carmen Castillo en el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de 26 de julio --Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado-- cuyo borrador ha podido consultar Europa Press. Un proyecto de decreto que se estructura en tres capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria

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