A finales de octubre, la Fiscalía del Estado de México desplegó la llamada Operación Caudal en alrededor de 48 municipios, con la participación de fuerzas federales y estatales para combatir lo que las autoridades denominaron “huachicoleo de agua”.

En la acción fueron intervenidos 189 inmuebles; se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, y se aseguraron pipas y equipos asociados a la extracción y comercialización irregular. Las cifras oficiales fueron presentadas por el gobierno como el balance operativo de una ofensiva contra redes ilegales.

A pesar de esas cifras, parte de la narrativa pública se centró en el efecto inmediato: protestas masivas de piperos, bloqueos de vialidades y reportes de purificadoras y negocios que suspendieron operaciones por falta de “materia prima”, es

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