Al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta cómo el de Emiliano García-Page quiere modificar el decreto autonómico de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística para adecuarlo a su controvertida Ley de Simplificación Administrativa . Concretamente, hay discrepancias en cuanto a los suelos dotacionales, es decir, los destinados a colectivos vulnerables, destinados a vivienda pública.  

Para resolver este conflicto, ha iniciado sus negociaciones la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, según publica hoy el Diario Oficial de la región (DOCM), en una resolución de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales.

La controversia se encuentra en los dos primeros puntos de la disposición final novena de la normativa castellanomanchega de Simplificación Administrativa, que modifica a su vez el decreto regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El primer punto hace referencia a la vivienda dotacional pública, es decir, la destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, destinada a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, y construida sobre suelos de titularidad pública.

Según la nueva norma castellanomanchega, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esa disposición los suelos dotacionales de propiedad privada, así como los públicos destinados a zonas verdes o espacios libres tales como viales, plazas, áreas peatonales o zonas de juego.

Planes urbanísticos

Respecto al segundo punto que también cuestiona el Estado, se refiere a que cualquier innovación de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá ser establecida por la misma clase de planificación y observando el mismo procedimiento.

Según este cambio, no se considera innovación del planeamiento urbanístico el cambio de uso pormenorizado que puedan realizar los municipios en parcelas dotacionales de equipamientos públicos, siempre que se emita informe favorable por la Administración competente en función del uso inicial y finalmente atribuido, teniendo ambos informes carácter preceptivo y vinculante.

No es la primera vez que el Gobierno central discrepa con el de Castilla-La Mancha. Ya ocurrió hace año y medio con la decisión del Ejecutivo de Page de otorgar derechos de caza a los titulares cinegéticos en las vías pecuarias y caminos públicos, lo que también generó un conflicto ante la Administración General del Estado que consideraba que la norma podía ser inconstitucional .