El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que se reducirán las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales del profesorado (las horas de docencia en el aula). El texto, negociado en los últimos meses con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el texto da un plazo de seis meses a partir de su aprobación para abordar una posible reducción en esas otras etapas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos.

Respecto a las horas lectivas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas, aunque se deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta medida tendrá menos repercusión que la anterior porque la mayoría de las comunidades autónomas han ido reduciendo las horas lectivas motu proprio hasta los máximos que ahora quiere marcar el Gobierno.

“El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada”, explica el Ministerio de Educación ambas medidas. El Gobierno da así el paso que rehusó dar cuando aprobó la ley educativa en 2020 (Lomce). Entonces decidió “recomendar” la reducción de ratios, pero no la impuso, como sí había hecho el exministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando las elevó aprovechando la crisis de 2008 y los subsiguientes recortes. “No todas la adoptaron (la recomendación)”, admite Educación, “por eso ahora con este anteproyecto de ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional”.

Este es solo el primer paso de un trámite que tiene como último destino el Congreso, donde la ley deberá superar la minoría del Gobierno y la anunciada negativa de Junts a todas las iniciativas del Ejecutivo (sus votos son claves, dando por hecho que PP y Vox no apoyan nada de lo que hace el Gobierno). La ministra Alegría ha informado en la rueda de prensa que la intención del Gobierno es que el texto llegue a la Cámara Baja en enero. Respecto a posibles apoyos, la también portavoz del Ejecutivo ha apelado a la responsabilidad de los partidos y ha recordado que anteriores leyes educativas, como la de Enseñanzas Artísticas, han obtenido un amplio respaldo.

El objetivo del Ministerio de Educación es que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

“Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente”, argumenta la reducción de ratios el ministerio.

El anteproyecto “busca revertir los duros recortes que el mundo educativo, y especialmente los docentes sufrieron en 2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy”, ha afirmado la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para la escuela pública

Las medidas que ha aprobado el Ministerio de Educación parecen destinadas a favorecer la escuela pública. Se observa en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, que contará doble para establecer las ratios. Este tipo de alumnos, normalmente asociados a algún tipo de discapacidad, se concentran en los colegios públicos en una proporción más alta de lo que estadísticamente les correspondería. Ellos se beneficiarán de la reducción de alumnado por clase.

Los sindicatos valoraron positivamente la propuesta, aunque también exigieron que esta medida se generalice a todo el alumnado con alguna necesidad de apoyo. Por el momento Educación solo contempla aplicarla al alumnado con necesidades educativas especiales, pero deja fuera a los que tienen altas capacidades, dificultades de aprendizaje (retrasos madurativos, dislexia, inmigrantes con problemas de idioma) o están en situación de vulnerabilidad social.

Según un informe reciente de CCOO , en el sistema hay más de un millón de estudiantes que tienen alguna necesidad de apoyo, de los que solo 250.000 entran en la categoría de necesidades especiales que incluye el Gobierno en su propuesta. Tres de cada cuatro se quedarían fuera, por tanto.

“El profesorado necesitamos más y seguimos insistiendo en más mejoras en la jornada laboral, mayor rapidez en la aplicación de la bajada de ratios en todas las etapas y enseñanzas, que todo el alumnado con cualquier necesidad cuente para bajar ratios y para incrementar apoyos especialistas y aumentar los recursos en la red de orientación educativa”, ha valorado la secretaria general de CCOO, Teresa Esperabé.

Además, Educación está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. “Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad”, explica el ministerio. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante para, a partir de este indicador, tomar medidas adicionales. El anteproyecto de Ley da seis meses desde la entrada en vigor de la Ley para desarrollarán recursos este tipo de centros educativos.