La última propuesta del PSOE para conceder ventajas fiscales a los fondos de inversión inmobiliaria, bajo el pretexto de impulsar el alquiler social, constituye una auténtica aberración política y social

El Ministerio de Vivienda, incapaz de abordar la crisis habitacional que ahoga a cientos de miles de personas, ha decidido premiar justo a quienes más han contribuido a disparar los precios y erosionar el derecho a la vivienda. Los fondos buitre, que aterrizaron en España con el PP, atraídos por la venta de vivienda pública a precio de saldo, reciben ahora exenciones fiscales mientras continúan acumulando beneficios a costa de la precariedad ajena. El Gobierno socialista, con esta reforma, no solo legitima la especulación, sino que la recompensa con dinero público, mientras recorta en políticas sociales y mantiene la presión fiscal sobre quienes menos tienen.

Las organizaciones sociales y los partidos de izquierda han sido tajantes: es una provocación que mientras alguien como Mari Carmen, desahuciada con 87 años, paga impuestos para sobrevivir, el Estado premie fiscalmente a quienes la quieren echar de su casa. Es una burla a la ciudadanía y una muestra flagrante del desinterés real del Gobierno por garantizar el derecho a una vivienda digna. En vez de fortalecer el parque público o proteger a los inquilinos, se prefiere mantener unas condiciones que benefician a los grandes fondos, perpetuando un ciclo de precariedad, miedo y abusos.

Existen numerosas propuestas alternativas para fomentar el alquiler asequible que no dependa de fondos buitre ni de grandes inversores especulativos, como potenciar entidades sociales proveedoras de vivienda, las llamadas “asociaciones de vivienda”, organizaciones sin ánimo de lucro que compran y gestionan viviendas con apoyo público, destinándolas al alquiler asequible y reinvirtiendo el 100 % de sus beneficios en ampliar el parque social. O incrementar el parque público de alquiler no solo a través de la construcción de nuevas viviendas, sino también adquiriendo o movilizando las ya existentes (por ejemplo, viviendas vacías o de bancos), priorizando su gestión pública o social.

Se pueden desarrollar bolsas de alquiler asequible gestionadas por administraciones que movilizan viviendas vacías, ofreciendo garantías de cobro e incentivos a los propietarios para que se sumen al programa. En Euskadi y Navarra este modelo ha dado buenos resultado, combinando ayudas a la rehabilitación y seguros de alquiler para los propietarios. O aplicar incentivos fiscales a los propietarios particulares que pongan sus viviendas en alquiler asequible, junto con penalizaciones económicas a quienes mantengan viviendas desocupadas de forma prolongada, como recargos en el IBI.

Y se deben limitar las rentas del alquiler mediante una regulación eficaz en zonas tensionadas y reservar viviendas sociales en nuevas promociones privadas. Se deben prohibir los desalojos sin alternativa habitacional mientras persista esta emergencia, garantizando a las personas y familias vulnerables un acceso efectivo a la vivienda antes de cualquier desalojo. Se debe regular el alquiler turístico para evitar el desvío de viviendas y recuperar así su uso social en los barrios afectados. Se deben promover colaboraciones entre administraciones públicas y cooperativas, utilizando suelo público para construir viviendas asequibles exclusivamente destinadas al alquiler, gestionadas por entidades especializadas en beneficio social y no económico. Se debe profesionalizar el sector del alquiler mediante estándares éticos y jurídicos claros, facilitando el acceso y la resolución ágil de conflictos entre arrendadores e inquilinos.

Expropiación, prohibición de la compra especulativa o apoyo al cooperativismo: todas esas medidas alternativas han sido postuladas por movimientos sociales y partidos como Podemos y Sumar, pero se descartan sistemáticamente porque desafían el verdadero poder en España. Lo que el PSOE presenta como una solución no es más que una rendición frente a los intereses de los fondos buitre y sus lobbies, una parálisis gubernamental vergonzosa.

Porque la nueva reforma es el último episodio de una larga serie de políticas que desertan de la defensa del bien común y convierten el derecho a la vivienda en un regalo para especuladores: una traición política en toda regla.