Familias desplazadas desde 2018 por la violencia en los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, en la zona Centro de Guerrero, así como de Zitlala, en la Montaña Baja, exigieron al Gobierno estatal acatar la recomendación de la CNDH para su reubicación.

Las víctimas, que se manifestaron en el acceso principal del Palacio de Gobierno en Chilpancingo capital, acusaron que a siete años de ser desplazados continúa el temor de ser agredidos por las organizaciones criminales.

"La gente que fue expulsada por las organizaciones criminales perdieron sus casas y terrenos", afirmó en conferencia de prensa Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

La activista indicó que en noviembre del 2018, cuando comenzó la crisis, alrededor de mi

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