En medio de un reordenamiento del Gabinete argentino, surgieron disputas sobre el futuro del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Este organismo, que inicialmente parecía de poca relevancia, ha generado tensiones internas en el Gobierno debido a la gestión de su transferencia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había solicitado la transferencia del Renaper de su cartera al Ministerio de Seguridad, buscando así más facultades para implementar proyectos como la creación de una Policía de la Frontera. En mayo, Bullrich presentó el Plan Guaçurarí, destinado a reforzar los controles en las fronteras de Argentina. Sin embargo, el presidente Javier Milei emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 793/25, que inicialmente parecía otorgar a Bullrich el control del Renaper. Pero horas después, se aclaró que solo Migraciones cambiaría de órbita, mientras que el Renaper permanecería bajo el Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli. Cristian Ritondo, dirigente del PRO, expresó su preocupación sobre el Renaper, señalando que "ha sido y es parte del uso civil" y que su manejo ha sido objeto de debate desde hace tiempo. A pesar de la confusión, el entorno de Bullrich indica que la situación no está completamente resuelta y que aún no se ha definido quién estará a cargo del registro. Bullrich, quien dejará su puesto el 10 de diciembre para asumir en el Senado, busca que su sucesora sea Alejandra Monteoliva, actual Secretaria de Seguridad. Además, está gestionando el nombramiento de Alberto Fohrig, su director de Cooperación Internacional, para liderar la custodia de la embajada argentina en Estados Unidos. Las discrepancias sobre el manejo del Renaper han suscitado críticas dentro del Poder Ejecutivo, con algunos señalando a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, como responsable de la confusión. Sin embargo, se ha aclarado que no se trató de un error jurídico, sino de una falta de comunicación interna sobre la transferencia de Migraciones y el Renaper.