La Defensoría del Pueblo de Colombia ha publicado un informe titulado ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’. Este documento, de 128 páginas, revela conclusiones dolorosas sobre la tragedia ocurrida hace cuatro décadas. La avalancha provocada por la erupción del volcán nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 dejó un saldo trágico de aproximadamente 25 mil muertos.

El informe destaca irregularidades en el paradero de al menos 150 niños, cuyas familias aún buscan respuestas. A medida que se conmemoran 40 años de esta catástrofe, el documento detalla la situación actual de los sobrevivientes de Armero y los desafíos que enfrentan.

"El caso Armero constituye un referente ineludible para comprender los desafíos estructurales de la gestión del riesgo de desastres en Colombia", señala el informe. A pesar del tiempo transcurrido, persisten impactos sociales, económicos y culturales en los sobrevivientes. El documento también menciona vacíos normativos y debilidades institucionales que evidencian la necesidad de respuestas sostenidas para garantizar los derechos de las comunidades afectadas.

Los investigadores afirman que "los daños, la invisibilidad institucional y la ausencia de reparación efectiva no son hechos del pasado, sino condiciones presentes que siguen afectando el goce efectivo de derechos de miles de personas". Los sobrevivientes enfrentan trayectorias vitales marcadas por la fragmentación y el desarraigo territorial.

Además, el informe resalta que las consecuencias económicas, como la reducción de medios de vida y la precarización laboral, junto con la erosión de la identidad armerita, son realidades actuales que limitan el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

Una de las conclusiones más impactantes del informe es la falta de información sobre los sobrevivientes. "El Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada", concluye el documento. También se subraya la falta de información sobre los niños perdidos en Armero y los vacíos en el saneamiento predial y la definición jurídica de la propiedad en el área del desastre. La situación de la titularidad y formalización de las viviendas entregadas a los sobrevivientes en diversas partes del país también es motivo de preocupación.