El Gobierno publicó un decreto supremo con nuevas disposiciones para combatir la activación ilegal de líneas móviles, la posesión ilegítima de SIM Cards y la comercialización ilegal de servicios públicos móviles, acciones que están relacionadas a la comisión del delito de la extorsión.

La norma señala que “las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de comercialización y contratación del servicio público móvil que presentan” , por lo que están obligadas a identificar y registrar a los abonados que contratan sus servicios.

Asimismo, deben llevar “el registro de vendedores o persona natural de la empresa operadora y empresa autorizada por esta, que interviene directamente en la contratación de los servicios públicos móviles” .

“Lamentablemente, las empresas de telé

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