El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el martes el cese de la cooperación en inteligencia  con las agencias de seguridad estadounidenses, lo que deja un puñado de incógnitas acerca de las consecuencias que acarreará esa decisión.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", informó el mandatario a través de un mensaje en su perfil oficial de X.

Poco más se sabe de la orden, salvo que la medida persistirá " mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe ", dijo Petro en el mismo mensaje, en el que agregó que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

Nuevo pulso

El nuevo pulso entre Petro y el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido leído como un paso más en la escalada de confrontación, ya que se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y agresiones directas del Ejército estadounidense en las aguas del Caribe y el Pacífico.

Los acuerdos en asuntos de cooperación en inteligencia, además, han sido parte de la estrategia  de EE.UU. en suelo colombiano bajo el supuesto de la lucha antidrogas, toda vez que el país suramericano es uno de los principales productores de cocaína, mientras que la potencia del norte es el primer consumidor mundial de esta sustancia ilícita.

Antes del impasse, Washington y Bogotá tenían un flujo constante de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora, la suspensión podría afectar negativamente el volumen de datos que cada nación maneja sobre rutas, embarcaciones, estructuras y organizaciones criminales transnacionales.

X @SecWar

De momento, la medida tiene consecuencias sobre la seguridad nacional. Hasta ahora, muchas de las operaciones en la nación suramericana contaban con el apoyo de la inteligencia estadounidense, que ayudaban a tomar decisiones estratégicas con muchos más datos sobre la mesa.

¿Tendrá efectos económicos?

Por otro lado se encuentra la cuestión de que se trata de un clavo más en el ataúd de las relaciones entre los dos países desde la llegada del presidente republicano a la Casa Blanca en el mes de enero.

Una tensión manifiesta que afecta no solo a aspectos relacionados con la seguridad, sino que pone en cuestión también las relaciones a nivel económico con el socio comercial más importante de Colombia.

De hecho, este segundo mandato de Trump se está caracterizando por el uso de aranceles y otras medidas coercitivas económicas para castigar desencuentros en otras materias, por lo que no sería de extrañar una respuesta de Washington a este nivel, similar a la descertificación  de Colombia de hace algo más de dos meses.

Año de desencuentros y el precedente de Reino Unido

La decisión ha sido justificada por la campaña militar iniciada en septiembre por EE.UU. en el Caribe y el Pacífico , atacando de manera extrajudicial embarcaciones a las que acusa de narcotráfico y que ha causado hasta la fecha más de 70 muertes.

Petro se ha mostrado extremadamente crítico desde el principio con ese movimiento estadounidense, si bien no ha sido el único punto de fricción. Desde el Gobierno colombiano también se han denunciado las deportaciones masivas llevadas a cabo por la Administración Trump, o la inclusión del propio Petro en la lista de la OFAC , donde EE.UU. sitúa a personas sancionadas que tienen vínculos con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

El presidente colombiano realizó el anuncio reposteando una noticia que informaba de que el Reino Unido suspendía el envío de comunicaciones de inteligencia con EE.UU. sobre presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe para no tener relación con unas operaciones que considera ilegales .

Si bien el país europeo ha suspendido esa cooperación tan solo en lo relativo a esos operativos en el Caribe y no para todos los asuntos, precisamente se trata de un país que no depende tan abiertamente de esa colaboración para su seguridad interna, como sí es el caso de Colombia.

Agresiones por parte de EE.UU.

  • Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. ha desplegado frente a las costas de Venezuela  buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas , con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.
  • Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro,  sin pruebas ni sustento , de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi,  duplicó  la recompensa por información que conduzca a su arresto.
  • A mediados de octubre, Trump  admitió  haber  autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano . En respuesta, Maduro preguntó: "¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?".
  • Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.
  • Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una " campaña descarada de presión política , militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente".
  • El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk,  condenó  los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo  más de 60 personas asesinadas .
  • Los bombardeos contra lanchas de escaso calado también han sido repudiados por los Gobiernos de  Colombia ,  México  y  Brasil , así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de  "ejecuciones sumarias" contrarias a lo que consagra el derecho internacional.