En fallos unánimes, la tercera sala constitucional de la Corte Suprema confirmó este martes 11 de noviembre que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén actuó "ilegal y arbitrariamente" al rechazar en marzo de 2024 dos solicitudes de Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios presentadas por comunidades indígenas en Aysén. Además, consignó que la forma en que se dio el proceso fue discriminatoria.

En lo específico, el máximo tribunal cuestionó que los argumentos con que se desecharon las solicitudes de las comunidades indígenas Pu Wapi (ECMPO Cisnes, comuna de Cisnes), y Antunen Rain y Fotün Mapu (ECMPO Huichas, comuna de Aysén) carecieron "de la suficiencia y entidad como para justificar un rechazo fundado", que es requisito esencial para este tipo de decisiones.

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