El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , ha declarado este miércoles en la penúltima sesión del juicio en el Tribunal Supremo sin toga y ocupando la mesa central de la sala donde tradicionalmente se ubican los imputados y los testigos. Sólo ha respondido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y esgrime que él no filtró el email que perjudicaba al novio de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha llegado acompañado por su defensa y vistiendo toga . Posteriormente se la ha quitado para declarar. La sesión ha arrancado a las cuatro de la tarde la histórica declaración en la Sala Segunda del Supremo por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo vinculado a Alberto González Amador.

Álvaro García Ortiz ha comenzado su declaración final sin ocupar la mesa central . Tal como dijo el primer día, « no» se considera responsable del delito que se le imputa, y ha defendido su inocencia frente a las acusaciones que, de ser hallado culpable, podrían derivar en hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación .

Como la Abogacía del Estado, la Fiscalía solicita la absolución, defiende que no se ha producido delito alguno y ha denunciado presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

Este juicio supone un hecho histórico: es la primera vez en democracia que a un fiscal general del Estado se le juzga como imputado en un procedimiento penal. García Ortiz fue citado por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo fechado el 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto que reconocía dos delitos contra Hacienda, con el objetivo de reducir la pena de su cliente.

En la primera sesión, García Ortiz se presentó con toga y se sentó junto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado . Entró con coche oficial por la entrada de autoridades del Supremo. Hoy ha optado por quitarse la toga para declarar y sentarse frente a la Sala y no el lateral justo a su defensa.

Tras darse por reproducida la prueba documental, el juez ha ofrecido la palabra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha anunciado que no responderá a las preguntas de las acusaciones  y ha solicitado poder explicar su decisión.

García Ortiz ha comenzado su intervención afirmando que, como fiscal general, mantiene el máximo respeto hacia los perjudicados, recordando que su labor es precisamente « proteger los derechos de los perjudicados». Sin embargo, ha señalado que, durante la tramitación de esta causa —especialmente en su inicio— se produjeron circunstancias que le llevan a pensar que ha habido una actuación desleal, no con el acusado, sino con el propio tribunal.

El fiscal general ha enumerado varios hechos que, a su juicio, justifican su postura:

  1. La querella que dio origen al proceso, en la que —según ha explicado— se omitió un dato fundamental. A su entender, si se hubiera incluido que el correo del 2 de febrero fue remitido a otra persona de una institución diferente, la investigación no se habría dirigido a la Fiscalía General del Estado.
  2. El correo del 12 de marzo, que —ha afirmado— fue entregado por el perjudicado a un tercero para su utilización política.
  3. Un hecho que le afecta personalmente, relacionado con que el perjudicado renunció a ejercer acciones de responsabilidad civil contra el Estado, optando solo por actuar contra él y solicitar su afianzamiento.

García Ortiz ha concluido que estas razones son suficientes para no responder a las preguntas del perjudicado, aunque ha reiterado su respeto hacia el tribunal y hacia la función de las partes en el proceso.