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El Gobierno nacional anunció un incremento de entre el 29% y el 35% para los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Podría parecer, en el plano discursivo, una señal de acompañamiento y voluntad de mejora. Pero la realidad es que el aumento no solo llega tarde, sino que es absolutamente insuficiente. La medida no respeta los parámetros de la Ley de Emergencia en Discapacidad y apenas cubre la mitad del atraso acumulado, que ya supera el 70%.

La dimensión del problema es estructural. Hoy, más de 200.000 personas con discapacidad en la Argentina dependen de un sistema prestacional que está al borde del colapso. Ese sistema que emplea a más de 150.000 trabajadores entre do

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