Álvaro García Ortiz defendió que su único objetivo fue defender a los fiscales frente a las “calumnias” del entorno de la presidenta madrileña antes de la última jornada de la vista, en la que Fiscalía y Abogacía del Estado pedirán la absolución y cargarán contra la instrucción del juez Hurtado

El fiscal general niega ante el Supremo haber filtrado la confesión de la pareja de Ayuso: “No, no lo he hecho llegar”

“La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. El fiscal general del Estado cerró con esta frase prestada su declaración ante el tribunal que lo juzga por la presunta filtración de un correo confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante la hora y media anterior, Álvaro García Ortiz defendió su inocencia, rechazó haber filtrado ninguna información reservada y afirmó que su único objetivo fue defender a sus subordinados y a la institución ante las “insidias” y “calumnias” del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo a preguntas de su abogado, pues rechazó responder a las acusaciones que le piden hasta seis años de cárcel. Y lo hizo después de que todo un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, le señalara directamente por su presunto “dominio” sobre la filtración en una actuación muy cuestionada por su defensa.

El fiscal general del Estado tomó la palabra tras la mañana más complicada para él de las cinco sesiones celebradas hasta el momento de la vista que se celebra en el Tribunal Supremo. Se le vio mirando hacia los lados, haciendo señas y hablando con su letrada, la abogada del Estado Consuelo Castro, mientras el teniente coronel Balas y sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le acusaban abiertamente de haber filtrado el correo. Todo, en la previa del último día del juicio, cuando las partes expondrán sus conclusiones tras haber escuchado a 28 testigos y a los agentes que participaron en los atestados que sustentan la causa que se abrió hace un año y que llega a su fin.

Este jueves, las acusaciones insistirán en que el fiscal general debe ser condenado por filtrar u ordenar la filtración de ese correo. Su defensa reclamará su absolución y se espera que alegue la ausencia de pruebas y ponga el foco sobre los excesos del juez Ángel Hurtado, quien dirigió la investigación que acabó llevando al banquillo a un fiscal general en activo por primera vez en democracia. Ya en el trámite de cuestiones previas —antes de que se iniciaran los interrogatorios—, los abogados del Estado que llevan su defensa cargaron contra el instructor, al que acusaron de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable.

La instrucción de Hurtado ha pivotado precisamente sobre los informes de los agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general y que le atribuyeron un papel “preeminente” en la filtración de la confesión de González Amador. En ese correo, el empresario admitía los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que se encuentra ya procesado. Ante el tribunal, los agentes se han ratificado en las conclusiones que arrojaron esos informes. Y han sostenido que el fiscal general tenía el “dominio absoluto” de toda la información relativa a González Amador y que dicha información —el expediente tributario, la denuncia y el correo de la confesión— solo se filtró tras pasar por la Fiscalía General del Estado.

Según el teniente coronel Balas, esos elementos constituirían la prueba definitiva de un “modus operandi” casi sistemático en el que desde la Fiscalía General del Estado se recababa información para, presuntamente, filtrarla después. Las consideraciones de los agentes se encontraron con los reproches tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, que acusaron a los guardias civiles de la unidad de élite de la Guardia Civil de omitir hechos relevantes en sus informes.

La abogada del Estado Consuelo Castro se centró en poner en entredicho las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes para armar un relato que hiciera pasar por culpable a su defendido. Así, subrayó las omisiones detectadas en esos informes. Puso el foco, por ejemplo, en por qué las sospechas se centraron desde el inicio en García Ortiz a pesar de que más de 400 personas tuvieron acceso a la denuncia contra el empresario. Esa denuncia, explicó Castro, se subió a una carpeta compartida de la Fiscalía de Madrid “a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios”. También a una tercera carpeta a la que tienen acceso “alrededor de 30 personas”.

“Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, justificó entonces el teniente coronel, que recordó que en un principio la investigación se centró en un “elenco de personas”, aunque después se fueron decantando “a una concreta”. Las palabras del mando de la UCO provocaron la carcajada de alguno de los presentes en la sala. La sesión de este miércoles contó con una nutrida asistencia de colaboradores y compañeros de García Ortiz. Minutos después, el juez advirtió al público de que no se podía “aprobar o desaprobar” las consideraciones de los interrogados.

Sesión final: absolución o seis años de cárcel

García Ortiz repitió este miércoles en el Tribunal Supremo la misma estrategia que desplegó en fase de instrucción ante el juez Hurtado: solo contestó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado aunque dejó claro que respondería también a preguntas del Tribunal si así lo requerían. El fiscal general dedicó su primera intervención a explicar por qué rechazó contestar a las acusaciones: por la “actuación desleal” de la pareja de Ayuso, que entre otras cosas ocultó a los tribunales durante un año que había mandado su confesión y varios correos del caso a más personas de las que reconoce en su querella. Y también por la “espada de Damocles”, añadió el Abogado del Estado, que supone defenderse bajo el yugo de unos registros de la UCO que considera nulos desde el primer día de investigación.

El final de la sesión del miércoles entronca con lo que será la jornada definitiva del juicio este jueves: los informes y alegatos finales de las partes. Las acusaciones, con unas pequeñas modificaciones en sus escritos, anunciaron a última hora que hacían definitivas sus peticiones de prisión: la más alta de seis años y el resto de cuatro años de presidio con multas e indemnizaciones que, en los casos más graves, alcanzan los 300.000 euros.

Este jueves se apoyarán en los testimonios de la UCO y de la fiscal superior Almudena Lastra para apuntalar su acusación mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado insisten en que García Ortiz debe ser absuelto: por falta de pruebas, porque esa confesión ya no era secreta cuando llegó a manos del fiscal general y, finalmente, porque consideran que el juez Hurtado llevó su investigación de la mano de la Guardia Civil basándose en deducciones que siempre apuntaron al fiscal general y nunca consideraron otra posibilidad.

La Abogada del Estado Consuelo Castro ya avanzó el primer día cuál iba a ser una de sus vías de ataque: apuntar a la actitud “inquisitiva” del juez Hurtado durante ocho meses de investigación. “Ha sido un proceso injusto”, dijo en su primera intervención. Este miércoles, Castro, su compañero Juan Ignacio Ocio y la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde preguntaron de diez maneras diferentes a los agentes de la UCO si en los registros de octubre de 2024 hicieron pesca de arrastre, si se ciñeron a lo que había pedido el Supremo y si las órdenes de Hurtado no discriminaban entre lo necesario y lo prescindible.

El propio presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, intervino para preguntar por las particularidades técnicas de un volcado de información en un registro. Y la Abogada del Estado reprochó al teniente coronel Balas que sus informes clave solo trabajasen con una hipótesis posible: que el culpable fuera García Ortiz. “No me consta”, consiguió arrancar a los agentes de la UCO a base de preguntar si, en algún momento, tuvieron en cuenta que el correo del abogado Carlos Neira había llegado a un buzón genérico de la Fiscalía de Madrid al que tenían acceso 16 personas distintas.