El expresidente peruano Pedro Castillo ha sido confirmado como candidato al Senado por el partido Juntos por el Perú (JPP) para las Elecciones Generales de 2026. La agrupación política anunció que Castillo Terrones encabezará la lista con el número 1. El congresista Roberto Sánchez, quien también es fundador de JPP, afirmó que la candidatura de Castillo representa "el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos". Durante una reciente audiencia del juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, Castillo expresó su apoyo a la fórmula presidencial de JPP, que incluye a Sánchez Palomino, Analí Márquez y Brígida Curo. "Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno", declaró. En el contexto de su candidatura, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por el delito de rebelión, relacionado con su intento de disolución del Congreso. La acusación también incluye una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía ha propuesto una condena alternativa de 19 años de cárcel si el tribunal no reconoce el delito de rebelión, pero sí el de conspiración. La acusación sostiene que Castillo actuó de manera inconstitucional al anunciar el cierre del Congreso y la reorganización del sistema judicial y electoral. El proceso judicial también involucra a exfuncionarios de su gobierno, como Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes están siendo investigados por su posible participación en estos hechos. Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo ha aprobado un informe que propone inhabilitar a Castillo y a los miembros de su gabinete mencionados. Esta propuesta recibió 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Juntos por el Perú ha mostrado su apoyo a Castillo en los últimos meses, pidiendo su restitución como presidente y convocando a una Asamblea Constituyente. En un pronunciamiento, el partido calificó de "ilegal e inconstitucional" la destitución de Castillo, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva.