La fuerza pública se entiende como la atribución legítima y legal otorgada a los servidores públicos de ciertos organismos para prevenir, monitorear, contener y en su caso, reprimir en nombre de la colectividad, acciones violentas capaces de transgredir el orden público mediante intervenciones persuasivas, disuasivas e incluso coercitivas que pueden llegar en casos excepcionales al uso de la fuerza física. En el contexto de los acontecimientos sucedidos recientemente en Michoacán y en Uruapan en particular, hay que subrayar el tema de la participación, intervención y en ciertos casos superposición de las fuerzas armadas en las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, incluidas desde luego las vinculadas al uso legítimo de la fuerza coercitiva del poder públ

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