El caso de Javier Duarte en Veracruz continúa siendo una de las más dolorosas heridas de la historia reciente mexicana. No solo por la cifra descomunal —más de 62 mil millones de pesos desviados, según la Auditoría Superior de la Federación—, sino por lo que simboliza: el retrato de un modelo político que confundió el poder con la impunidad y la administración pública con el patrimonio personal.

Aquel desfalco monumental no solo afectó las finanzas del estado; desmanteló instituciones, rompió la confianza ciudadana y dejó un vacío moral que aún pesa sobre la vida pública veracruzana. Los recursos federales, destinados a salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales, fueron desviados de su propósito esencial: servir al pueblo.

Cada peso sustraído fue una oportunidad pe

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