Cada noviembre, el país revive uno de los debates más sensibles para la economía nacional: el aumento del salario mínimo.

Lo que a primera vista parece una decisión orientada a mejorar el bienestar de los trabajadores, en realidad condensa una compleja red de efectos que atraviesan la inflación, la productividad y la sostenibilidad fiscal.

El reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que un incremento desproporcionado podría tener consecuencias de largo alcance sobre el empleo formal y las finanzas públicas.

El contexto de 2025 no podría ser más delicado. Tras un inicio de año que trajo señales de alivio inflacionario, los precios volvieron a acelerarse en el segundo semestre.

Entre junio y octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC

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