El conflicto surgió cuando, tras la extinción del régimen de consolidación fiscal en 2013, el SAT revisó las declaraciones y operaciones de Elektra y concluyó que la empresa no cumplió, conforme a la ley, con el proceso de “desconsolidación”, específicamente en la reversión de ciertas pérdidas fiscales generadas por la venta de acciones.

Esto derivó en la imposición de un crédito fiscal significativo, que incluye el impuesto adeudado, actualizaciones, recargos y multa administrativa. Elektra interpuso diversas defensas legales —administrativas, judiciales y de amparo— argumentando tanto aspectos de legalidad como de presunta inconstitucionalidad.

Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte sostiene que el caso no amerita la protección constitucional solicitada porque los planteamiento

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