En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación pidió mantener la validez del Decreto Ley 902 de 2017 , norma clave para la implementación de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo Final de Paz.

El Ministerio Público defendió la constitucionalidad de las disposiciones que asignan a jueces civiles y de lo contencioso administrativo la fase judicial de los procesos agrarios, en tanto garantizan la imparcialidad, la independencia y la protección del debido proceso.

Según el ente de control, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural , establecida por el Acto Legislativo 03 de 2023, no implica que los procesos agrarios puedan tramitarse únicamente ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) , como propuso el demandante.

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