El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves una serie de modificaciones al Código Penal local que elevan las consecuencias legales para quienes realicen amenazas de bomba o mensajes intimidatorios. La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno , Clara Brugada , recibió el respaldo unánime del pleno.

Con la reforma , las amenazas de bomba quedan formalmente tipificadas como delito y podrán ser castigadas con penas de hasta seis años de prisión. Pero los cambios no se limitan a estos casos: el dictamen también amplía las circunstancias en las que una amenaza se considera agravada.

Entre las nuevas disposiciones, se contemplan sanciones de la misma magnitud cuando las intimidaciones se hagan mediante armas de fuego o punzocortantes; cuando el agresor asegure pertenecer

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