La reciente detención de Diana Patricia Santillana Galeano en una guardería de Chicago ha desatado una ola de indignación en la comunidad local. Este arresto, realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), forma parte de una nueva iniciativa del Gobierno de Trump para reprimir a los padres y tutores que han pagado para que sus hijos crucen la frontera entre Estados Unidos y México.

Santillana Galeano fue arrestada tras un control vehicular y se refugió en el centro de cuidado infantil donde trabajaba. Sus hijos, de 16 y 17 años, habían cruzado la frontera semanas antes y fueron colocados en un albergue en Chicago bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En lugar de facilitar su reencuentro, la llegada de Santillana llevó a que el Gobierno la acusara de tráfico de menores. Sin embargo, fue liberada el jueves tras una orden judicial. Su abogado, Charlie Wysong, afirmó: “Continuaremos con sus trámites migratorios para que pueda permanecer en Estados Unidos”.

Desde hace meses, altos funcionarios de la administración Trump han centrado sus esfuerzos en los menores que cruzaron solos la frontera sur durante la presidencia de Joe Biden. Este año, dos operativos han resultado en casi 3.000 arrestos de padres, tutores o cuidadores de menores migrantes. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que estos arrestos son “principalmente resultado de investigaciones de tráfico de personas”.

Stephen Miller, subsecretario de la Casa Blanca, y otros funcionarios consideran que esta estrategia es una forma efectiva de acelerar las deportaciones, ya que los padres y tutores son más fáciles de localizar. Miller comentó: “A menos que plantemos un punto y digamos como nación que no vamos a aceptar esto, esto va a continuar a menos que haya un castigo por ello”.

ICE ha lanzado recientemente la Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados, que comenzó en Florida y se extenderá a todo el país. Esta iniciativa permite a las autoridades realizar verificaciones de bienestar a menores y arrestar a los patrocinadores si se encuentran en el país ilegalmente.

Activistas han expresado su preocupación por cómo este esfuerzo ha transformado la atención hacia los menores migrantes, convirtiendo a una pequeña oficina del HHS en una extensión de la fuerza de deportación. Mickey Donovan-Kaloust, directora de servicios legales del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, afirmó: “Esto supone una enorme presión para los niños, sabiendo que sus familias corren peligro de esta manera”.

Los menores migrantes no acompañados, que a menudo huyen de condiciones peligrosas en sus países de origen, enfrentan un viaje difícil y arriesgado. Marie Silver, abogada del Proyecto de Protección de Niños Inmigrantes, destacó que “los que terminan aquí son los que más han sufrido y han sobrevivido de alguna manera”. La Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas ofrece protección a estos menores, pero muchos tutores son indocumentados, lo que complica aún más su situación.

La situación de los menores migrantes y sus cuidadores sigue siendo un tema delicado y complejo en el contexto de la política migratoria actual en Estados Unidos.