La decisión del gobierno estadounidense de terminar el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos el 7 de noviembre de 2025 representa un golpe inesperado y profundo en la vida de unas 600 000 personas que habían vivido con una tranquilidad legal precaria, pero real. Desde que el mecanismo del TPS fue creado en 1990, jamás se había visto que una administración desmantelara lo que la anterior había decidido; siempre se había respetado la continuidad de la designación hasta su propia expiración automática. En el caso venezolano, ese precedente se rompió.

Los beneficiarios del TPS venezolano fueron rigurosamente examinados: sin antecedentes penales, sin delitos previos en Venezuela o en EE.UU., muchos con títulos universitarios, emprendedores, inversi

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