Desde 2006, Michoacán ha sido el escenario donde el Estado mexicano ha probado diversas estrategias de seguridad. A lo largo de los años, se han implementado operaciones militares masivas, despliegues federales, programas sociales y, más recientemente, inversiones multimillonarias para el desarrollo. Cuatro administraciones federales —de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum— han coincidido en un diagnóstico: el crimen organizado controla vastas áreas y la respuesta inmediata ha sido el envío de tropas.

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó el "Operativo Conjunto Michoacán", el primer gran movimiento en la llamada "guerra contra el narcotráfico". Este operativo involucró a 4,260 soldados, 1,054 marinos y más de 1,600 policías federales, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real de efectivos podría haber sido de entre 6,500 y 7,000 en las primeras semanas. La llegada de las fuerzas armadas marcó un cambio significativo para muchas familias, que experimentaron un aumento en la presencia militar, con helicópteros de la Fuerza Aérea sobrevolando sus comunidades. Sin embargo, la violencia no disminuyó; entre 2007 y 2011, los homicidios en Michoacán aumentaron de 717 en 2006 a más de 2,000 en 2011, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Un comerciante de Apatzingán recordó: "El miedo venía de todos lados: de los que estaban y de los que llegaron". A pesar de la militarización, la paz seguía siendo esquiva.

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en 2012, la situación en Michoacán era crítica. En 2013, surgieron las autodefensas como respuesta a la expansión de Los Caballeros Templarios. El gobierno federal tuvo que desplegar nuevamente miles de soldados y policías para controlar tanto a los grupos criminales como a los civiles armados. Durante su administración, se creó la Gendarmería Nacional, que operó en 19 municipios considerados "foco rojo". Aunque no hay cifras exactas del despliegue en Michoacán, se estima que entre 4,000 y 6,000 efectivos federales estaban activos en los momentos más críticos del conflicto. A pesar de estos esfuerzos, la violencia repuntó, y en 2014, el estado superó los 1,600 homicidios, con enfrentamientos y desplazamientos forzados en municipios como Apatzingán y Buenavista.

Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de "abrazos, no balazos", pero la realidad fue diferente. La creación de la Guardia Nacional en 2019 consolidó un nuevo cuerpo federal con un fuerte mando militar. Aunque se esperaba un cambio en la estrategia, el patrón operativo se mantuvo, reflejando la continuidad de un enfoque que ha mostrado limitaciones a lo largo de casi dos décadas. La situación en Michoacán sigue siendo un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra el crimen organizado y la violencia.

La historia de Michoacán es un recordatorio de que las soluciones a la violencia y el crimen organizado requieren más que solo la presencia militar; se necesita un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del conflicto.