La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado las sedes de la multinacional Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla . Según ha adelantado La Sexta y TVE , y recoge THE OBJECTIVE , estos registros están relacionados con una pieza secreta derivada del conocido ‘caso Koldo’ , en el que la empresa aparece citada en al menos 200 ocasiones en el informe original de la UCO.

La aparición reiterada de Acciona en esta investigación fue uno de los detonantes que provocaron la dimisión de Santos Cerdán , quien ejercía como secretario de Organización del PSOE , y era considerado la mano derecha de José Luis Ábalos .

Acusaciones de amaños, mordidas y adjudicaciones dirigidas

Según el extenso informe remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente , se describe una estructura de corrupción institucional en la que varios altos cargos del PSOE —entre ellos Ábalos, Cerdán y Koldo García Izaguirre — habrían participado en un esquema de amaño de obra pública a cambio de presuntas comisiones millonarias .

En ese contexto, la UCO atribuye a Acciona un papel central como receptora de contratos públicos supuestamente manipulados . Las adjudicaciones investigadas incluyen proyectos en Murcia, Logroño, Sevilla y Barcelona .

El informe destaca que:

  • Se habrían abonado 550.000 euros en comisiones a cambio de dos obras adjudicadas a Acciona en Murcia .

  • Se añade una cantidad de 70.000 euros sin una obra específica asociada.

  • Además, se encuentran 450.000 euros pendientes de pago relacionados con:

    • Una carretera en Logroño

    • Un puente en Sevilla

    • Una obra ferroviaria en Barcelona

Santos Cerdán, eje operativo de las presuntas comisiones

La Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán habría actuado como intermediario clave , canalizando los pagos entre Acciona y Ábalos y Koldo , quienes —según el informe— eran los principales responsables políticos de la trama. La cifra total de las “contraprestaciones económicas presuntamente derivadas de Acciona” ascendería a 620.000 euros ya abonados , más otros 450.000 euros aún pendientes , según la versión atribuida a Koldo.

Acciona intentó marcar distancia tras las primeras revelaciones

Tras la publicación inicial del informe de la UCO en junio, Acciona aseguró haber iniciado una investigación interna y despidió a uno de los empleados citados por los investigadores: Fernando Agustín Merino Vera , quien fue apartado de la compañía el 12 de abril de 2021 .

El presidente de Acciona declaró posteriormente que el trabajador actuó «con autonomía» y sin conocimiento de la cúpula directiva, tratando así de desvincular a la empresa como institución de las prácticas señaladas en el informe.

Injerencias políticas y presiones internas en los procesos de contratación

El documento de la Guardia Civil también apunta a la presunta colaboración de altos cargos institucionales , como la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera (imputada en el caso), y el director general de Carreteras, Javier Herrero , quienes habrían facilitado la manipulación de procesos de licitación pública en sus respectivos ámbitos de competencia.

En sus propias palabras, el informe sostiene que: « Koldo mantiene un hilo conductor en todas las grabaciones realizadas, siendo este la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona S.A. , especialmente a través de su filial Acciona Construcción ».