La Comunidad de Madrid ha decidido no crear el registro de médicos objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, desafiando así la orden del Ministerio de Sanidad. Este anuncio se produce justo cuando finaliza el plazo establecido por el Gobierno central, que expiraba a la medianoche del viernes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmó que la administración regional no tiene intención de elaborar este registro, argumentando que no se debe "señalar ni perseguir" a quienes abortan o a los médicos que se niegan a practicarlo. "Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario", declaró Matute en un acto público. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, había dado un mes a las comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Madrid para que cumplieran con esta obligación, advirtiendo que, de no hacerlo, se iniciarían acciones legales. García recordó que "esta noche a las 00:00 acaba el plazo" y que aún están a tiempo de cumplir con la normativa. Mientras que Aragón y Baleares han confirmado que crearán el registro, Madrid se mantiene firme en su negativa. Matute insistió en que la Comunidad de Madrid defiende el aborto "legal, seguro y poco frecuente" y que la decisión sobre el registro debe ser tomada por los tribunales. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticó la postura del Gobierno de Ayuso, acusándolo de intentar hacer oposición a la ministra de Sanidad. "Ayuso gobierna para boicotear los derechos de las mujeres madrileñas", afirmó. Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) calificó de "contradictorio" que se hable de un aborto seguro mientras se niega la creación del registro de objetores. Su presidente, Sergio Fernández Ruiz, denunció que esta actitud "evidencia falta de compromiso con la salud pública y con los derechos de las mujeres madrileñas". En contraste, la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, aseguró que el registro en Baleares sigue su curso y que se están cumpliendo todos los requisitos necesarios para su creación. La situación en Madrid plantea un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno regional y el central, con implicaciones significativas para el acceso a los derechos reproductivos en la comunidad.