En Madero, Michoacán, la defensa del medio ambiente se ha vuelto una actividad peligrosa. Los ambientalistas que luchan contra la tala ilegal, el huachicoleo de agua y la expansión de cultivos de aguacate enfrentan una nueva amenaza: la extorsión sistemática del crimen organizado. Esta violencia es liderada por una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la región desde hace más de diez años bajo el mando de Ángel Herrera, conocido como “Sierra 1” o “El Apá”. Los defensores del medio ambiente y los campesinos resineros han denunciado que el CJNG les exige cuotas de hasta el 50% de sus ganancias por la venta de resina de pino. Este producto es clave en Michoacán, uno de los principales productores nacionales. Con un precio superior a los 400 pesos por kilo, la resina se convierte en un objetivo atractivo para los grupos criminales, que imponen pagos inmediatos bajo amenazas de despojo de tierras, ganado o incluso la vida. El caso de Modesto Gutiérrez, un campesino y padre de siete hijos, ilustra esta situación. A Gutiérrez le exigieron medio millón de pesos y una camioneta, pero solo pudo entregar 50 mil. Poco después, fue asesinado brutalmente, y su cuerpo fue encontrado en un camino rural. La extorsión se complementa con ataques directos. El 6 y 7 de noviembre de 2025, comandos armados vinculados al CJNG atacaron las viviendas de Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño, miembros del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero. En el primer ataque, un Camaro gris disparó contra la casa de Gómez, resultando en la muerte de una mujer y heridas a su esposo. Horas después, dos camionetas intentaron ingresar al hogar de Saucedo para asesinarlo, pero logró escapar hacia un cerro. Esa misma noche, un tercer tiroteo buscó nuevamente a los defensores, quienes sobrevivieron escondidos en el monte hasta el amanecer. Los ambientalistas han solicitado ayuda al alcalde Juan Carlos Gamiño, quien respondió: “No puedo. No me hacen caso”, refiriéndose a la falta de apoyo de los 12 policías municipales bajo su mando. Testigos afirman que la policía local tiene vínculos con el crimen organizado, y se han visto hombres armados reunidos en la presidencia municipal con el propio edil. Esta falta de respuesta oficial ha creado un ambiente de indefensión. Los operativos de la Guardia Civil de Michoacán y la Guardia Nacional han sido escasos y poco efectivos para desarticular las células criminales que dominan comunidades como El Sangarro, Etúcuaro, El Capulín y Villa Madero, donde la población vive bajo constante asedio. Los ambientalistas de Madero han estado bajo presión durante años. En 2022, Saucedo fue secuestrado y liberado tras recibir advertencias de que debía cesar sus denuncias. Desde entonces, han reducido sus recorridos de vigilancia para protegerse. Sin embargo, los patrullajes armados del narcotráfico han aumentado, recordando a la comunidad “quién manda en la región”. Recientemente, han circulado amenazas en redes sociales contra líderes ambientales y sociales, incluyendo a Julio Santoyo Guerrero, académico y miembro del Consejo Estatal de Ecología, quien ha denunciado la tala ilegal y el saqueo de agua desde 2015. Las intimidaciones incluyen fotografías y mensajes que los designan como “objetivos” del CJNG.