El empresario Eduardo Almeida acusó al senador Javier Corral de utilizar su posición política para promover un proceso judicial “desproporcionado” en su contra por presuntas amenazas y probable daño físico, procedimiento que —según afirmó— habría generado un gasto público cercano a dos millones de pesos.

Almeida explicó que la denuncia se inició en la Ciudad de México y posteriormente fue radicada en Chihuahua por tratarse del lugar donde ocurrieron los hechos.

Calificó el caso como un “gasto inútil” de recursos públicos, al asegurar que la investigación federal incluyó más de 14 diligencias y la integración de un expediente de aproximadamente 800 páginas, a pesar de que la pena máxima aplicable podría resolverse con una multa de hasta 45 mil pesos.

“Es impresionante el gasto de tiempo,

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