Los policías Ariel Estévez Pitrau, Sandra Vanesa Cano y Jonathan Cabrera fueron hallados culpables por un jurado popular por haber detenido de manera ilegal a dos adolescentes en septiembre de 2022 y haber hecho una suerte de simulacro de fusilamiento.

Si bien los hechos nunca fueron discutidos durante el debate, las partes plantearon teorías del caso diferentes en cuanto a la calificación legal: para el fiscal Luis Ferreyra y las querellas se trató de un caso de torturas, mientras que para las defensas de vejaciones.

Está diferencia jurídica en cuanto a la calificación es sustancial en cuánto a la posibilidad de la pena que podían recibir los policías: de tratarse de tortura las condenas podrían ser hasta de 25 años mientras que de otra manera podrían se de un máximo de 5 años, o de 10

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