La situación legal de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se complica con una nueva investigación. Un expediente de 186 páginas revela que está siendo indagada por presunto financiamiento ilícito de partidos políticos. Esta investigación es dirigida por la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, bajo la supervisión de Manuela Villar Ramírez, y no por el fiscal José Domingo Pérez, como en ocasiones anteriores.

El documento detalla el ingreso de dinero de origen desconocido a través de sobres y aportes no declarados. La fiscal Villar sostiene que la organización liderada por Fujimori utilizó estructuras partidarias para canalizar y legitimar estos fondos. En el escrito se afirma: “La organización criminal liderada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, que participó en las elecciones presidenciales en 2021, permitió que ingresara al dominio patrimonial de Fuerza Popular dinero de origen desconocido.”

El Ministerio Público tiene como objetivo presentar una acusación en un plazo de seis meses contra los principales dirigentes de Fuerza Popular. Se identifican a seis imputados en este caso: Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda Zamalloa. Todos ellos han tenido roles directivos en el partido y, según la fiscalía, tuvieron acceso a la administración de los fondos cuestionados.

Entre los hallazgos, la fiscal Villar indica que Fuerza Popular utilizó recursos públicos para financiar la campaña de 2021. Se menciona que el partido utilizó S/ 1.6 millones de dinero recibido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la campaña electoral de Fujimori, lo cual está prohibido. “El dinero público es para fortalecer los partidos, no para pagar la carrera electoral de sus líderes”, se detalla en el expediente.

Además, se ha detectado una presunta recaudación ilícita de S/ 1,258,708 entre el 9 y el 30 de julio, después de finalizada la campaña. Este monto se habría destinado a acciones para desconocer la victoria de Pedro Castillo y sustentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La fiscal expone que Keiko Fujimori tuvo conocimiento y control sobre la captación y uso de estos recursos, que fueron utilizados para realizar pagos con apariencia legal y ocultar su verdadero origen.

La investigación también incluye testimonios de aportantes que han negado haber financiado la campaña. Fabiola Menchor, por ejemplo, negó los S/ 11,000 que el fujimorismo anotó en el reporte a la ONPE. Otros, como Katherin Torres Montalván y Omar Moreyra, también desmintieron haber realizado aportes. El rastreo bancario ha revelado que las finanzas personales de varios presuntos donantes no coinciden con los montos reflejados en los informes.

La ONPE ha confirmado que se aplicó una multa de S/ 23,000 a Fuerza Popular por no bancarizar ingresos y S/ 73,600 por no contar con libros contables. Durante la indagación, Keiko Fujimori optó por no responder a las preguntas de la fiscalía, según el medio que ha dado a conocer esta información. La investigación sigue su curso, y se espera que se tomen decisiones en los próximos meses.