La residencia diplomática mexicana en San Isidro, Lima, se ha convertido en el foco de atención tras la llegada de la expremier Betssy Chávez, quien ha solicitado asilo político. Esta solicitud se produce en medio de un proceso judicial en el que se le investiga por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde hace casi dos semanas, Chávez se encuentra en una lujosa vivienda de 752 metros cuadrados, donde recibe un trato privilegiado por parte del gobierno mexicano, a pesar de haber sido declarada persona non grata por el Congreso peruano.

La propiedad, que anteriormente fue hogar del embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, cuenta con amplias comodidades. Dispone de un sótano, garaje, varias áreas de descanso y recreación, así como un primer piso que incluye una sala, un dormitorio con doble clóset, un baño completo, cocina y una terraza. En el segundo nivel, se encuentra el dormitorio principal con terraza privada, además de cuartos de servicio y un patio de tendido. La construcción de esta residencia tuvo un costo de 825.000 soles peruanos, lo que refleja su alto valor y confort.

La expremier, que se encuentra bajo vigilancia de hasta cinco agentes de la Policía Nacional del Perú, tiene un contacto limitado con el exterior. Según Raúl Noblecilla, su abogado, “nadie ha podido ir a visitar a Betssy Chávez; son las condiciones que ha puesto el mismo Estado asilante. Imagino que por temas de seguridad”. Además, se ha expresado preocupación por la falta de suplementos médicos necesarios para la expremier y las dificultades que enfrenta para comunicarse con su familia.

El proceso judicial en su contra sigue abierto. La Fiscalía ha solicitado al juez Juan Carlos Checkley que revoque las medidas de comparecencia que le permitían estar en libertad, proponiendo nuevamente prisión preventiva. La situación de Chávez es incierta, y su futuro podría verse afectado por la historia de asilos prolongados en Perú, como el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1949.

Las autoridades están a la espera de un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir los próximos pasos, mientras se discuten propuestas para modificar la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. La situación de Betssy Chávez sigue siendo un tema candente en la política peruana, con implicaciones que podrían extenderse por meses o incluso años.