El Tribunal Supremo ha levantado este martes el secreto parcial de las actuaciones de la pieza separada sobre amaños en obras públicas de la trama de Santos Cerdán y ha citado a declarar como investigados a tres empresarios el próximo 3 de diciembre por su presunta participación en la adjudicación indebida de determinados contratos.

La resolución ha sido dictada por el instructor de la causa especial, el magistrado Leopoldo Puente . Los citados son Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, todos ellos cargos de Acciona, quienes deberán comparecer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas respectivamente, asistidos de letrado. Se trata de responsables de los polémicos contratos públicos conseguidos por la unión de empresas de Acciona y Servinabar –la sociedad propiedad de Cerdán y un amigo–, es decir, obras de viviendas de protección oficial y los túneles de Velate, en Navarra.

La decisión se ha adoptado tras la entrega del informe presentado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en las últimas horas. Este departamento de investigación económica y anticorrupción ha dado cuenta de «la efectiva práctica de las diligencias acordadas» y ha descrito «las vicisitudes y los efectos intervenidos», aunque queda pendiente «el necesariamente posterior análisis de su resultado».

Registros en varias provincias

El pasado 13 de noviembre, el instructor ordenó mediante sendos autos la práctica de hasta ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias españolas . Estas diligencias se acordaron después de que el magistrado recabara «el correspondiente informe previo del Ministerio Fiscal», tal como exige la normativa.

Además de los registros domiciliarios, el instructor ha acordado «recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas y privadas».

El auto señala que durante estas actuaciones se han intervenido « terminales telefónicos y/o informáticos», cuyo contenido deberá ser analizado en las próximas semanas. Este examen forense podría aportar pruebas determinantes sobre la trama que investiga el alto tribunal.

El secreto parcial había sido decretado el 12 de noviembre mediante auto del instructor. La medida afectaba únicamente al informe de la UCO del 11 de noviembre , así como «a la adopción y resultado de las medidas que pudieran acordarse como consecuencia de aquél».

Esta hermeticidad procesal tenía como objetivo impedir que se frustrara el objeto de las investigaciones . Sin embargo, el instructor ha considerado que, una vez practicadas las diligencias más sensibles, «el conocimiento de lo actuado por las partes, que como es obvio ha de ser la regla general en el procedimiento, no se considera que pueda ya perjudicar la investigación en curso».

Esta causa especial se abrió en 2020 con la primera denuncia por los contratos obtenidos por la empresa de Víctor de Aldama para proveer mascarillas a pesar de su escasa experiencia en el sector. La implicación del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos,  que sigue siendo aforado al ser diptuado, ha provocado que sea el Alto Tribunal quien se haga cargo del caso por ahora.

El instructor ha propuesto para juicio la parte de prebendas –contratos públicos a novias, estancias en un chalet, etc.– pero sigue recabando pruebas de la parte de adjudicación irregular de grandes contratos estatales tal como denunció Aldama y ha corroborado audios que realizó el asesor de Ábalos a Cerdán.

La resolución judicial hace referencia expresa a «la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas ». Aunque el auto no detalla el alcance económico ni las características concretas de estos contratos , la intervención de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil y la multiplicidad de registros realizados apuntan a una investigación de notable envergadura. Hay que esperar a tener el informe de la UCO para tener más datos.

El auto del Tribunal Supremo informa a las partes de que pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o apelación en el plazo de cinco días. No obstante, la experiencia procesal indica que estos recursos rara vez prosperan cuando se trata de decisiones sobre el levantamiento del secreto de sumario.

La investigación entra ahora en una fase en la que los investigados y sus defensas podrán conocer el contenido íntegro del expediente. Las declaraciones del 3 de diciembre resultarán cruciales para determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o si, por el contrario, alguno de los citados puede quedar fuera de la causa.

Mientras tanto, la Guardia Civil continuará analizando la documentación intervenida y los dispositivos electrónicos incautados. Este trabajo pericial podría extenderse durante semanas o incluso meses, dada la complejidad habitual de las investigaciones por presunta corrupción en la contratación pública.