Consejeros de las comunidades Tének y Náhuatl denunciaron que la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) han bloqueado el acceso a recursos federales destinados a infraestructura social, pese a suspensiones judiciales que ordenan lo contrario.

Según los representantes indígenas, los delegados Guillermo Morales López y Mario Alberto Godoy Ramos retienen los fondos como represalia contra quienes promovieron amparos para evitar recortes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afro mexicanos.

Las denuncias detallan que más de 38.9 millones de pesos autorizados por la Presidencia para 13 comunidades permanecen congelados, afectando obras de agua, salud y movilidad. El caso más crítico es Tamapatz, en Aquismón, donde ni

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