Por Arturo Méndez

Durante la administración gubernamental de Javier Duarte de Ochoa (2010 – 2016) se desarrolló una profunda crisis de legalidad, caracterizada por la ruptura sistemática del Estado de Derecho y el debilitamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. El Gobierno del Estado de Veracruz incumplió la Constitución local al retener o no entregar los recursos públicos que, por ley, correspondían a la Universidad Veracruzana (UV). Esta omisión generó una crisis de legalidad externa, ya que el propio Estado —responsable de garantizar el cumplimiento de la ley— fue quien la transgredió abiertamente.

Las autoridades universitarias iniciaron un movimiento para exigir el pago de la deuda que el gobierno estatal mantenía con la UV y para oponerse a los recortes pre

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