Por Ricardo Ortega CEO de Alliance.
El sector energético mexicano llega a 2026 bajo un escrutinio que ya no es solo técnico ni financiero: es de seguridad nacional. Estados Unidos elevó el narcotráfico a categoría de terrorismo y, desde entonces, cualquier proveedor o accionista que aparezca en listas DEA u OFAC se convierte en un riesgo operativo y reputacional para cualquier empresa del sector.
En este entorno, demostrar solvencia, trazabilidad y cumplimiento regulatorio dejó de ser una buena práctica y se convirtió en el único mecanismo real de blindaje institucional . La pregunta ya no es si Pemex debe responder a esta presión, sino cómo va a hacerlo.
La crisis de pagos revela la magnitud del reto. Pemex mantiene 517 mil millones de pesos en facturas aceptadas y, según especiali

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