Con penas de hasta 42 años de prisión, el Senado aprobará la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que la Cámara de Diputados avaló en octubre pasado. Por primera vez, el país tendrá una ley homogénea para castigar a los montachoques, a los cárteles que cobran derecho de piso, a los extorsionadores telefónicos que operan desde penales y a los falsos —o auténticos— policías que exigen pagos ilegales. La ley fija penas de 15 a 25 años y añade agravantes que pueden elevarlas hasta 42 años.

Esta no es la primera acción legislativa importante contra la extorsión desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder. En menos de un año, el Congreso aprobó piezas clave: la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión a expedir una

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