El despliegue militar en Michoacán refleja más una reorganización administrativa que una estrategia criminal. Se administra el territorio, no la violencia.

La reciente implementación del Plan Michoacán de Seguridad y Paz 2025 representa, en teoría, una respuesta contundente a la escalada de violencia que ha convertido a esta entidad en uno de los territorios más disputados por organizaciones criminales. Sin embargo, una revisión crítica de sus fundamentos metodológicos revela una estrategia construida más sobre la urgencia política y la visibilidad mediática que sobre un análisis riguroso de incidencia delictiva y asignación eficiente de recursos de seguridad. El problema no radica en la necesidad de intervenir en Michoacán —eso es innegable— sino en cómo esta concentración de fuerzas ope

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