El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, respondió al planteo de recusación presentado por el Procurador del Tesoro Nacional en representación del Estado en la causa donde se analiza el impacto del Decreto 681/2025 , que modificó el esquema de financiamiento de la Ley 27.793 en materia de discapacidad.

En un informe dirigido a la Cámara Federal de San Martín , el magistrado rechazó uno por uno los argumentos del Gobierno y sostuvo que no existió prejuzgamiento en ninguna de sus decisiones.

El Estado había acusado al juez de haber adelantado opinión en una resolución del 5 de noviembre pasado al considerar como hecho base del caso la vigencia del decreto cuestionado, evaluar la existencia de daños y ampliar el colectivo involucrado.

El decreto como hecho “ú

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