La jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, María Olórtegui Risco, instó a las autoridades competentes a diferenciar entre lo urgente y lo importante antes de atender las múltiples deficiencias que la Contraloría General de la República detectó en el penal El Milagro, en la provincia de Trujillo, pues no solo se trata de un tema de seguridad, sino de salud pública.

En efecto, Olórtegui reveló que el problema no se enmarca específicamente en el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que ha llevado a que un solo efectivo tenga a su cargo la seguridad de mil reos en pabellones de mínima seguridad y que solo dos agentes traten de controlar a más de 450 internos en alas de máxima seguridad.

Para la Defensoría del Pueblo, la situación tiende a complic

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