Una pareja de pastores evangelistas ha sido acusada en Tucumán de engañar a una jubilada de 85 años para apoderarse de su vivienda en Bella Vista, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. La investigación revela que los imputados, que conocían a la víctima desde 2023, aprovecharon su vulnerabilidad emocional tras su búsqueda de ayuda espiritual debido a ruidos que creía de origen sobrenatural.

La maniobra comenzó este año, cuando la anciana, desorientada, acudió al templo de los pastores en busca de contención. Según la fiscalía, los acusados aislaron a la mujer y la convencieron de que estaba en peligro, lo que la llevó a firmar documentos que cedían su casa. En junio, la llevaron ante un hombre que se presentó como policía, quien le hizo firmar un boleto de compraventa de su vivienda por un millón de pesos, aunque solo recibió 15,000.

La situación se complicó cuando la sobrina de la víctima fue alertada por vecinos sobre movimientos sospechosos en la casa. Al investigar, se descubrió que los pastores no solo se habían mudado a la propiedad, sino que también habían comenzado remodelaciones y cambiado la titularidad de los servicios públicos. La anciana fue trasladada a la casa de la madre de uno de los imputados, donde permaneció incomunicada y sin acceso a sus documentos y tarjeta de débito, lo que les permitió controlar el cobro de su jubilación.

El caso salió a la luz cuando la sobrina denunció la situación ante la Justicia. La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, llevó a cabo allanamientos en la vivienda de los acusados, donde se encontraron muebles y documentos que respaldan la transferencia irregular del inmueble.

Los pastores, identificados como una docente y un empleado privado, enfrentan cargos por usurpación por engaño, circunvención de incapaz y privación ilegítima de la libertad. Aunque la fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva, el juez dictó 20 días de arresto domiciliario para la mujer, considerando que tiene un hijo menor con discapacidad a su cargo. Ambos están obligados a restituir la vivienda en un plazo máximo de cinco días, con la advertencia de que, de no cumplir, la Justicia intervendrá con la fuerza pública a partir del 2 de diciembre.

Un informe médico incorporado a la causa indica que la anciana presenta un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable. La investigación continúa, y se evalúa la posible imputación de una tercera persona en el caso. La víctima, actualmente viviendo en condiciones precarias con su sobrina, espera recuperar su hogar mientras avanza la causa judicial.