La reforma del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia abre una oportunidad que no podemos desaprovechar. Su análisis en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso pone sobre la mesa la necesidad de reforzar no solo los contenidos de la norma, sino también la forma en la que se toman las decisiones que afectan a millones de personas. Y esa forma empieza, ineludiblemente, por la representatividad.

Es imprescindible recordar que la gobernanza pública en materia de discapacidad y dependencia no puede seguir funcionando sobre estructuras prácticamente monopolísticas. El acceso a los principales órganos institucionales, como el Real Patronato sobre Discapacidad, es hoy totalmente limitado y no refleja la pluralidad

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