Para miles de mujeres en México, denunciar violencia no solo implica enfrentar a su agresor, sino pagar un costo económico que muchas no pueden asumir. Organizaciones y sobrevivientes advierten que la vía legal se ha convertido en un laberinto costoso y corrupto que revictimiza.

Especialistas señalan que, cuando las víctimas deben llevar su caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los gastos se multiplican. Traslados, traducciones, peritajes y asesoría especializada pueden convertirse en pagos imposibles de cubrir. Organizaciones como RED Solidaria Década contra la Impunidad acompañan estos procesos sin financiamiento institucional, por lo que la carga termina recayendo en las propias mujeres.

Además del costo económico, las denunciantes enfrentan un sistema judicial que perci

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