Después de que el Senado de la República , les enmendó la plana, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en Materia de Extorsión.

La ley, aprobada por unanimidad con 450 votos a favor, establece la homologación del delito para que se persiga en las 32 entidades del país y que sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado.

También avalaron el endurecimiento de las penas para extorsionadores, con un tope máximo de 42 años de prisión para funcionarios que estén involucrados, dependiendo de una treintena de agravantes en las que se incurra en las variantes de la comisión del ilícito, como es el

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