El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, ha propuesto cerrar Machu Picchu durante uno o dos meses a partir de enero de 2026. Esta noticia ha generado una fuerte reacción en diversos sectores de Perú, especialmente en el ámbito turístico y económico. La propuesta se presenta en un contexto de incertidumbre sobre el acceso y la gestión del famoso santuario, lo que ha intensificado el debate sobre su legalidad y las repercusiones económicas que podría acarrear.

La iniciativa del cierre fue expuesta por Vera Gallegos en una entrevista, y ha sido interpretada como una amenaza directa a la estabilidad económica de la región. Los vecinos de Urubamba han expresado su preocupación, ya que miles de familias dependen de la actividad turística en Machu Picchu. La posibilidad de un cierre ha suscitado alarmas sobre el bienestar de la comunidad y el impacto en la economía local y nacional.

El debate sobre quién tiene la autoridad para cerrar Machu Picchu ha cobrado relevancia. Especialistas en derecho, como André Sota, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), han señalado que la decisión de cerrar el sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad no puede ser tomada unilateralmente por un alcalde distrital. Sota explicó que "la facultad del cierre de Machu Picchu como patrimonio cultural tiene una dinámica conjunta entre el gobierno central y los alcaldes regionales". Según la ley 28296, corresponde al gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, coordinar cualquier acción relacionada con el santuario.

Además, Sota advirtió que la propuesta del alcalde podría acarrear riesgos legales, incluyendo la posibilidad de usurpación de funciones si se demuestra que se actuó con dolo. Esta opinión ha sido respaldada por autoridades locales y nacionales, quienes coinciden en que una decisión de tal magnitud requiere la intervención coordinada de diversas entidades.

El impacto económico de un cierre temporal de Machu Picchu sería significativo. Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, indicó que Cusco es el principal exportador de servicios turísticos en Perú. Un cierre, aunque sea breve, podría tener consecuencias directas y profundas en la economía regional y nacional, afectando a miles de trabajadores y empresas que dependen del turismo.

La comunidad y los sectores económicos han comenzado a exigir respuestas concretas y acciones responsables para evitar que una decisión unilateral ponga en peligro el futuro de uno de los destinos más emblemáticos del país. La situación sigue siendo incierta, y la discusión sobre la gestión de Machu Picchu se intensifica a medida que se acerca la fecha propuesta para el cierre.