La Secretaría General de Gobierno paga un millonario contrato al abogado laboral de Yucatán, encargado de ajusticiar a los trabajadores que no se alinean con sus políticas humillantes del funcionario.

Mario Enrique Maldonado Segundo Marenco es el encargado de vigilar, sancionar y despedir con respaldo jurídico a empleados públicos que protesten o se nieguen a firmar acuerdos injustos.

Cada despido, demanda o conciliación implica una lucha desigual: de un lado, el trabajador sin recursos, del otro, un abogado pagado con el dinero del propio contribuyente, dedicado a blindar los atropellos del patrón gubernamental.

Redacción/Sol Yucatán

La Secretaría General de Gobierno de Yucatán (SGG), a cargo de Omar David Pérez Avilés, ha convertido la represión laboral en un negocio. Con la firma

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