La que en su momento fue calificada como la más grande operación de extinción de dominio en Colombia, que incluía propiedades de la familia Meyendorff, procesada por narcotráfico, también enredó a otras 570 personas naturales y jurídicas. De ese caso, solo queda un tremendo lío judicial para la Fiscalía.

La olla a presión que tiene la Fiscalía con esa operación de extinción de dominio, avaluada en más de 110.000 millones de pesos, con la incautación de 339 inmuebles y 64 sociedades, está por explotar en una millonaria demanda contra el Estado.

“Requerir al doctor José Uriel Acero, fiscal 12 especializado de extinción de dominio, o quien haga sus veces, para que en el término improrrogable de 24 horas proceda a informar los trámites que ha realizado en cuanto a las actuaciones relacionada

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