El Gobierno español enfrenta desde hoy su mayor desafío parlamentario tras la decisión del Tribunal Supremo de encarcelar provisionalmente a José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente tomó esta medida debido a un alto riesgo de fuga y a indicios de delitos graves, como integración en organización criminal y malversación. Esta situación deja al Ejecutivo sin un voto crucial en un momento en que cada apoyo cuenta.

La suspensión de Ábalos, que se activará automáticamente una vez que el Tribunal remita la certificación correspondiente, implica que no podrá ejercer sus derechos parlamentarios, lo que incluye no cobrar, no intervenir y, sobre todo, no votar. Sin embargo, su escaño seguirá ocupado hasta que haya una sentencia firme.

La ausencia de Ábalos representa un golpe significativo para la operatividad del Gobierno. En los últimos meses, aunque había tomado distancia de la dirección socialista, su disciplina de voto había sido fundamental para sortear votaciones ajustadas. Un ejemplo reciente fue la Ley de Movilidad, donde su apoyo fue determinante para evitar una enmienda del PP.

La aritmética parlamentaria ya era complicada tras la ruptura de Junts con el Gobierno, lo que había dejado al bloque de investidura en una posición más vulnerable. Hasta ahora, el Ejecutivo contaba con el respaldo de 166 votos estables, incluyendo al PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y dos representantes del Grupo Mixto. Con la suspensión de Ábalos, esta cifra se reduce a 171, igualando el número de votos del bloque de oposición, que incluye al PP, Vox y UPN.

Este empate técnico convierte a Junts en el único grupo capaz de decidir el rumbo de las iniciativas legislativas. A diferencia de antes, su abstención ya no es suficiente; ahora deben votar a favor para que el Gobierno pueda avanzar con sus propuestas. La nueva realidad numérica otorga a Junts una influencia crucial, convirtiéndose en un aliado imprescindible para aprobar leyes ordinarias y convalidar decretos.

Desde el PSOE, a pesar de la situación, se descarta la posibilidad de revisar el sistema de mayorías. Argumentan que los servicios jurídicos no consideran adecuado modificar criterios consolidados en medio de una legislatura marcada por tensiones políticas. Así, el Ejecutivo se ve obligado a negociar con Junts y otros grupos para mantener su capacidad de acción en el Congreso.