El 27 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó con seis votos a favor y tres en contra la ponencia que ordenó sanciones económicas contra los responsables de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022.

La decisión, discutida en sala plena, concluyó que se configuraron violaciones a los topes electorales y que se recibieron aportes de fuentes no permitidas.

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Las sanciones recayeron sobre Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna, así como sobre el Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP ). En conjunto, las multas superan los $6.500 millones entre primera y segunda vuel

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